Artículo publicado en El Mercurio, de 24 de febrero de 2018.
Durante el último año de la actual administración, varias iniciativas para reformar nuestro sistema de pensiones, que sin duda requiere perfeccionamientos, han apuntado a establecer un sistema de reparto. Entonces, parece necesario revisitar la experiencia internacional en torno a este tema.
Cómo opera el sistema de reparto
En el sistema de reparto (SR), los trabajadores activos contribuyen a financiar las pensiones que el Estado se comprometió a entregar a los jubilados cuando estos formaban parte de la fuerza laboral. De la definición anterior se desprende una primera dificultad inherente al SR: los efectos combinados de una mayor esperanza de vida y menores tasas de natalidad dan origen a pirámides poblacionales cada vez más invertidas. Así, las obligaciones del Estado aumentan a medida que la población envejece, al mismo tiempo que se reducen los recursos provenientes de una población en edad laboral activa.
Cuando el Estado no cuenta con recursos suficientes para cumplir las promesas previamente definidas, puede optar por aumentar la tasa de cotización y/o la edad de jubilación, recortar gastos de otras partidas o emitir deuda. Claramente, ante la impopularidad de las primeras alternativas, los gobiernos generalmente han elegido la última de estas. Sin embargo, ello merma la sostenibilidad futura del fisco. La situación se vuelve aún más compleja cuando se analiza cómo se determina el monto de las pensiones. Distintos gobiernos se han inclinado por garantizar mejores pensiones, con el fin de ser reelegidos, desentendiéndose de los efectos negativos de este mayor gasto sobre las arcas fiscales.
La realidad internacional
La evidencia es clara: debido a los cambios demográficos y la poca prudencia para definir las pensiones, distintos sistemas de pensiones sustentados en el reparto en el mundo están al borde del precipicio o ya han colapsado. Y no es necesario revisar el emblemático caso de Grecia, país que ha tenido que reducir las pensiones más de una docena de veces desde el 2010 para evitar el colapso de su deuda, para constatarlo. Los casos sobran.
El Instituto Hoover de la Universidad de Stanford estima, por ejemplo, que las obligaciones sin respaldo del sistema de reparto público estadounidense ascendieron a US$ 3,8 trillones en 2015 (2% del PIB). Además, el ritmo de crecimiento de estas obligaciones es acelerado, puesto que el registro de 2015 representa un incremento de US$ 434.000 millones respecto del año anterior. Así, no son pocas las voces expertas que están proponiendo transitar hacia un sistema de capitalización individual para evitar el riesgo de colapso financiero futuro.
En España, por otra parte, el agujero de las pensiones representa cerca de la mitad de todo el déficit del Estado, y el escenario se agrava si se considera que el Fondo de Reserva para el pago de pensiones está prácticamente vacío, lo que implica que el gobierno tendrá que incurrir en más deuda para cumplir con sus compromisos. Mientras tanto, miles de jubilados se han manifestado esta semana para protestar por el escaso aumento de 0,25% que tendrán las pensiones españolas este año. El argumento es el empobrecimiento de los jubilados. Sin embargo, ha sido en parte la generosidad injustificada del sistema lo que ha tenido a España al borde del descalabro económico.
Brasil también enfrenta una situación crítica. Su déficit del sistema de pensiones bordea los US$ 90.000 millones (5% del PIB). Debido a lo anterior, lograr la aprobación de la reforma de pensiones impulsada por el Presidente Temer se torna clave para corregir una deficiencia fiscal estructural. En efecto, el mes pasado la agencia calificadora de riesgo S&P redujo su calificación para la economía brasileña ante las dudas que se han generado sobre la capacidad del gobierno para finalmente concretar la aprobación de la mencionada reforma. La caída en el indicador de riesgo de Brasil impacta directamente en su población a través de un incremento en las tasas de interés. Es un reflejo de los riesgos agregados que conllevan los sistemas de reparto.
Es importante que nuestro país tenga un debate mesurado respecto de esta materia. La administración de Sebastián Piñera deberá promover una agenda para hacerse cargo de los desafíos locales en materia de pensiones. Afortunadamente nuestros problemas están muy lejos de los que se observan en el mundo. La agenda es de perfeccionamiento, no de salvataje. Así, el mejoramiento de las pensiones solidarias debe ser realizado de forma responsable, el aumento en la cotización debe tratar de reducir las distorsiones en el mercado laboral, la mayor competencia entre las AFP debe promoverse valorando su rol, los cambios demográficos obligan a una mayor edad de jubilación, la cotización de los independientes no debe ser postergada más, los incentivos al ahorro deben multiplicarse, entre otras ideas. El sentido común y el análisis técnico de las propuestas deben conducir el debate. No hay margen para improvisar.
Fuente: El Mercurio
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