Artículo publicado en El Mercurio de Santiago, el domingo 8 de octubre de 2017. Por Pablo Obregón Castro, Econompia y Negocios del Domingo.
El martes 26 de septiembre terminó con una sensación de alivio para 58 familias chilenas. Ese día, 99 inmigrantes, entre haitianos, colombianos, peruanos y ecuatorianos, habían sido desalojados de una vieja casa ubicada en la calle Castillo con Máximo Valdés, cerca del Parque de los Reyes. De ese modo, se puso fin a años de ocupación de ese inmueble. El municipio de Santiago, además, ofreció un subsidio de arriendo por dos meses a los inmigrantes desalojados.
El alivio de unos se justificaba. En ese sitio -una vez demolida la precaria construcción- se desarrollará un proyecto de viviendas para esas 58 familias, todas integrantes del Comité de Vivienda “Mi Hogar, Mi esfuerzo”, que desde 2001 trabaja con las autoridades para conseguir una casa.
Ahora habrá que esperar unos treinta días más para que la constructora comience las obras, relata la dirigenta del comité, Isabel González. Claro que el problema no está resuelto, ni siquiera para este comité -conformado por 150 familias-, que ahora está a la espera de que la autoridad desaloje otro sitio tomado, en Santa Rosa cerca de Sargento Aldea, donde esperan edificar un segundo conjunto de viviendas para 48 familias.
Este caso sirve para ilustrar cómo el fenómeno de la migración viene a inyectar un poco más de presión a un problema que, de por sí, ya es severo: según la encuesta Casen, el déficit habitacional (familias que no tienen vivienda) ha disminuido, pero todavía asciende a 391.546 unidades. Además, de acuerdo con cifras de la Fundación Techo, el número de familias que viven en campamentos ha aumentado 48% en los últimos siete años. Si en 2011 había 27 mil familias viviendo en alguno de los 700 campamentos repartidos a lo largo del país, en 2017 hay 40.541 familias en esa condición, entre chilenos e inmigrantes.
Dentro de este panorama, “El Mercurio” accedió a través de la Ley de Transparencia a cifras que dan cuenta de cómo el fenómeno migratorio ha permeado lentamente las políticas habitacionales: entre 2010 y 2017, el Ministerio de Vivienda ha asignado 9.194 subsidios habitacionales a familias de extranjeros. El mayor aumento se dio a partir de 2014, pasando de 1.104 subsidios ese año a 2.064 en 2015.
Las regiones donde se concentra el número más alto de subsidios habitacionales a extranjeros en este período son la Metropolitana (5.264 subsidios); Tarapacá (1.252 subsidios) y Antofagasta (711 subsidios).
A partir de 2014, el gobierno de Michelle Bachelet comenzó a desplegar una clara campaña para incorporar a la población extranjera a las políticas de acceso a vivienda: primero, flexibilizó las exigencias para que esas personas pudieran postular a subsidios. Hasta 2014, los inmigrantes que quisieran postular a estos beneficios debían acceder, primero, a su residencia permanente y, luego, acreditar cinco años más de antigüedad en el país. Ese año, no obstante, el Gobierno eliminó la exigencia de cinco años de antigüedad.
Además, comenzó a trabajar con municipios con alta presencia de inmigrantes en un programa especial para extranjeros que busca la construcción y mejoramiento de viviendas que serán destinadas al arriendo para extranjeros mientras postulan a un subsidio para una vivienda definitiva.
Cooperativas de migrantes
Claramente, los subsidios para inmigrantes representan una porción marginal dentro del total de subsidios que entrega el Estado cada año. De hecho, el programa del Minvu para 2017 contempla unos 207.679 subsidios.
Sin embargo, todo indica que la demanda irá creciendo rápidamente, incluso a instancias del propio Gobierno de Chile. Prueba de ello es que este año han comenzado a surgir las primeras cooperativas y comités de viviendas conformados por inmigrantes y apoyados por la División de Asociatividad del Ministerio de Economía.
El 7 de julio de este año, por ejemplo, un grupo de 108 familias peruanas, colombianas, bolivianas y algunas chilenas, que habitan el campamento Juntos Venceremos, de Antofagasta, constituyeron la cooperativa “Construyamos Juntos”, cuyo objetivo es acceder a un terreno a precio fiscal y a subsidios estatales para construir viviendas de entre 85 y 90 metros cuadrados, según el ingeniero informático y representante de esa cooperativa, Miguel Yalta, quien llegó a Chile hace trece años desde el nororiente de Perú.
“Esperamos que este sea un modelo”, señala Yalta, quien destaca que en otras regiones, como Tarapacá, también se están organizando cooperativas de este tipo.
Entre los comités de vivienda de chilenos e integrantes de la Comisión de Vivienda del Senado no hay dos opiniones sobre el tema: el Estado debe apoyar a la población inmigrante a acceder a viviendas, pero debe hacerlo aplicando los mismos criterios de exigencia que usa para los chilenos.
Isabel González, del Comité “Mi Hogar, Mi esfuerzo”, considera que el Estado debería revisar con el mismo celo que aplica a los chilenos el nivel de vulnerabilidad de los migrantes: “algunos de ellos pueden tener una propiedad en su país de origen”, afirma.
Entre los inmigrantes existe una visión similar. Yalta considera que el Estado podría focalizar mejor los subsidios si hiciera un trabajo más estrecho con las autoridades de la región.
“El trabajo de información lleva consigo el compromiso de trabajar con los pares del registro civil y bienes nacionales de los diversos países vecinos, a fin de filtrar a quienes postulan a subsidios de viviendas e identificar a estos personajes que ya tienen patrimonios en su lugar de origen, siendo así un ahorro para el Estado de Chile y dar la oportunidad a quien realmente lo necesita”, afirma Yalta.
Priorizar el arriendo
Si bien el integrante de la Comisión de Vivienda del Senado, Iván Moreira (UDI), considera que 10 mil subsidios para familias extranjeras no es mucho, sí hace ver la conveniencia de que el Estado priorice la asignación de subsidios de arriendo para los extranjeros y no necesariamente de adquisición, “considerando que muchos de ellos pueden volver a sus países de origen después de un tiempo”, explica.
En la misma línea, el también integrante de la Comisión de Vivienda, Manuel José Ossandón, considera que la flexibilización de los requisitos para acceder a vivienda va por el camino incorrecto: “Existen mejores soluciones que dar una vivienda definitiva y más económicas, como es el subsidio de arriendo”. Esta alternativa permitiría resolver más rápidamente las necesidades habitacionales de los extranjeros y es más flexible. “La situación puede cambiar en Chile como en el país de origen y la vivienda definitiva no permite adaptarse”, agrega Ossandón.
Según César Barrientos, director del Área de Desarrollo de Hábitat de Techo, es un problema que la política habitacional del Estado esté basada en la propiedad privada de la vivienda, lo que termina siendo muy caro.
Una solución, señala, es que el Estado disponga de un stock de viviendas sociales y que las personas puedan acceder a ellas de manera transitoria. Con ello, se evitaría la transferencia de capital desde el sector público al privado y el Estado quedaría con la plusvalía del suelo. Experiencias de este tipo están asentadas en algunos países de la OCDE, al punto que un quinto de la población de la Unión Europea vive en viviendas públicas de alquiler.
Allegamiento interno y externo: cómo se mide el déficit habitacional en Chile
La investigadora de LyD Paulina Henoch agrega otro elemento que, a su juicio, debería reevaluarse a la hora de focalizar los subsidios, independientemente de que sean para chilenos o extranjeros: la definición de déficit habitacional.
Esto porque el allegamiento no corresponde, necesariamente, a la falta de acceso a una vivienda. En algunos casos se puede relacionar con una decisión personal, como mantener una red de apoyo, afirma Henoch. Por ejemplo, existe el allegamiento externo en sitio, que se da cuando dos viviendas o más comparten el mismo terreno (en este caso, el problema se podría abordar con una política distinta al subsidio, como es la subdivisión de terrenos); el allegamiento externo en vivienda, que se presenta cuando dos familias comparten la misma casa, pero tienen presupuestos de alimentación separados. Y, por último, el allegamiento interno, que se da cuando un grupo familiar principal comparte el espacio con núcleos secundarios -parejas con o sin hijos y también personas solas- y que tienen un mismo presupuesto de alimentación.
“Lo que yo me cuestiono es si entregar un subsidio a una sola persona (aunque esté allegada) es acorde a la realidad de nuestro país”, afirma Henoch.
Fuente: El Mercurio
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